Desde el pasado catorce de marzo, España se encuentra en estado de alarma a causa del Coronavirus.
Recientemente el Consejo de Ministros aprobó un nuevo paquete de medidas con el que pretende mitigar el impacto del Coronavirus en los arrendamientos y que supondrá un coste de setecientos millones de euros para este fin.
Se impone la prórroga automática de los contratos de arrendamiento durante el plazo de seis meses, además se facilitarán créditos sin interés y se hará hincapié a las ayudas para aquellos sectores de la población con dificultades para pagar la renta y la prohibición de desahucios por impago de rentas.
Las medidas distinguen entre distintos arrendadores; quienes posean más de ocho viviendas en alquiler serán considerados grandes tenedores y deberán hacer frente a moratorias e incluso en algunos casos, quitas. En caso de que el arrendador sea un pequeño propietario (es decir, menos de ocho viviendas) el arrendatario con dificultades para asumir el pago de la renta podrá solicitar un préstamo sin intereses pagadero en seis años y que podrá ampliarse hasta un máximo de diez años, estos microcréditos serán sufragados por el Estado a través del ICO. En el supuesto de que estos créditos no puedan afrontarse por parte de los inquilinos, el Estado pretende conceder ayudas de hasta novecientos euros al mes. En este Decreto también amplían la definición de “hogares vulnerables” incluyendo a parados o trabajadores sometidos a ERTE.
Eso sí, para aquellos considerados grandes tenedores apelan nuevamente a la solidaridad, solicitando la moratoria de cuatro meses y la quita del 50% o bien la reestructuración de la deuda en tres años. Pero ¿qué ocurre con los colectivos que no se incluyen como colectivos vulnerables? ¿Qué ocurre con aquellos profesionales que tienen un alquiler para su oficina o despacho?
No cabe duda de que nos esperan meses de gran incertidumbre y que, de no poner algún remedio desde el Gobierno, se puede prever que próximamente comenzará una oleada de impagos en el alquiler y que muchos serán los procedimientos de desahucio que acarreará esta falta de medidas para proteger tanto a arrendadores como a arrendatarios.